Para la plataforma de la discapacidad, se suprime así una contradicción dolorosa e injustificable que existía en nuestro ordenamiento jurídico, pues por una parte los poderes públicos concedían prestaciones y ayudas para personas y familias en situación de absoluta exclusión social, dirigidas a atender necesidades básicas ineludibles, y por otra esas ayudas podían responder y hacer frente ante las deudas de cualquier clase que estas personas y familias hubieran contraído, con lo que se difuminaba la finalidad social del apoyo público.

 

El CERMI considera también positivo que la norma que declara esta inembargabilidad cite expresamente a las personas con discapacidad y a sus familias entre los grupos excluidos protegidos por la nueva medida.

 

Esta medida venía siendo reclamada desde hace años por el sector de la discapacidad como medio de atenuar los efectos más virulentos de la crisis.

 

Otro aspecto favorable, este en la vertiente fiscal, que contiene también el real decreto-ley es la exención de tributación a efectos del impuesto de la renta de los ingresos procedentes de prestaciones y ayudas públicas contra la exclusión social  hasta un importe máximo anual conjunto de 1,5 veces el indicador público de rentas de efectos múltiples. En este caso, la norma menciona también a las personas con discapacidad y sus familias, como había demandado el CERMI.